By Maité Acuña
Ayer lunes 4 de abril el presidente Pedro Castillo dispuso a través de un Decreto Supremo la inmovilización social obligatoria para Lima y Callao desde las 2 am del martes 5 de abril hasta las 11:59 del mismo día. Sostuvo que dicha medida será para resguardar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, esta medida más que menguar el paro de transportistas ha exacerbado más los ánimos no solo de los grupos que se levantaron en huelga sino también ahora diversos sectores se han pronunciado. Manifiestan que la inmovilización traerá consecuencias perjudiciales para la economía:
- El transporte público y privado se detiene, el Metro de Lima suspendió el servicio hasta nuevo aviso.
- Ninguna empresa esperó dicha medida, muchos trabajadores no cuentan con las herramientas necesarias para hacer un trabajo remoto de forma inmediata.
- Gamarra estima pérdidas por s/ 20 millones debido a la inesperada inmovilización.
- Aunque el presidente aseguró que no se impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales sucede lo contrario pues al ser el paro por transportistas sumado al toque de queda en la ciudad de Lima, han ingresado menos toneladas a los mercados mayoristas de Lima.
- Además por el poco aforo de personas en los mercados hay un riesgo de perder el 60% de productos perecibles.
- El dólar que venía disminuyendo ahora se abre en alza.
Entonces queda preguntarnos ¿en realidad con el toque de queda se resguardan los derechos fundamentales o se maximiza aún más la crisis?
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